Cuatro casos vivos de financiamiento de infraestructura por semana, tomados de información pública — cada uno con una lección técnica y una corrección de gobernanza constructiva — unidos por un solo hilo fiscal.
Se publica en LinkedIn cada martes como carrusel, en inglés; aquí cada número vive como página legible en español, con sus fuentes y los papers en que se apoya.
Se firma en un año y aterriza en las cuentas en otro. Este mes tres ministerios de hacienda publicaron esa brecha. Uno muestra una cuenta que es cero durante dos presupuestos y después 273 mil millones. Otro reporta que su stock de APP salta 41 % sin firmar nada. En el tercero la cuenta llegó — y el Estado recuperó menos de siete centavos por real.
Una regla fiscal ata lo que mide. En esta quincena cuatro documentos oficiales mostraron lo que escapa a la medida: el proyecto más grande de un país, fuera del informe de riesgos fiscales. Dos megaproyectos sacados del perímetro por votación del parlamento. Un stock de reclamaciones que se triplicó en cinco años y vive en un informe parlamentario. Y los nueve de cada diez países de ingreso bajo que no publican exposición alguna a APP.
Cuatro gobiernos acaban de hacer cuatro cosas distintas con el mismo activo — un flujo futuro de ingresos de usuarios. Uno lo vendió por adelantado. Otro lo subastó a la baja por diseño. Otro dejó por escrito que podría no llegar. En el cuarto ya no llegó, y 31 % del financiamiento aterrizó en el presupuesto.
Los gobiernos están ampliando el espacio que las APP pueden ocupar — un tope fiscal duplicado en un país, un Estado que financia 70 % de una asociación «privada» en otro — mientras el capital privado llega a un récord pos-COVID.
Cuatro países esta semana, un hilo: los marcos de infraestructura deciden en silencio quién se queda con el ingreso y quién carga con el riesgo — y el presupuesto no cuenta ninguno de los dos hasta que se gatilla.
En cuatro continentes esta quincena, el mismo patrón: el riesgo fiscal real no está en el balance que sale en el titular — está en los compromisos, garantías, sobrecostos y empresas públicas que el marco no ve.
Diecisiete papers de acceso abierto sobre los riesgos fiscales de las APP — la serie a la que apunta cada corrección del radar.
InvestigaciónThe Price of a PPP