Cuatro casos vivos de financiamiento de infraestructura por semana, tomados de información pública — cada uno con una lección técnica y una corrección de gobernanza constructiva — unidos por un solo hilo fiscal.
Se publica en LinkedIn cada martes como carrusel, en inglés; aquí cada número vive como página legible en español, con sus fuentes y los papers en que se apoya.
Una APP no evita el dinero público. Lo calendariza: pagos por disponibilidad, cargos por capacidad, una garantía que paga cuando el proyecto no puede. Firme o contingente, es un compromiso del Estado, y buena parte queda fuera de la cifra que los ministerios de Hacienda publican y que los mercados leen.
Un contrato de compra de energía (PPA), y toda APP de agua o de transmisión construida igual, tiene dos firmas, y cualquiera de las dos puede fallar. El vendedor deja de construir. El comprador deja de pagar. Lo que se interpone entre esa falla y los acreedores (una garantía, una prenda sobre la recaudación, un proveedor de respaldo) decide cuánto cuesta el proyecto. Y la última capa casi siempre es el Estado.
Toda APP de energía o de agua es una apuesta a una sola firma: la del comprador. Casi en todas partes, ese comprador es el Estado, o una empresa a la que el Estado terminará respaldando.
Entre un gobierno y las empresas que posee, la plata corre en los dos sentidos, y la cifra fiscal del titular ve solo uno. En esta quincena: vehículos locales que se endeudaron por el 90 % del PIB a nombre del Estado. Dividendos extraordinarios por el 4 % del PIB que achicaron un déficit. Diez años de cuentas de electricidad impagas convertidos en un bono con garantía soberana. Y dos empresas ferroviarias cuyo servicio de deuda el Fisco paga hace años, línea por línea en el presupuesto.
Cuatro documentos oficiales trazaron la línea este mes en cuatro lugares distintos. Eurostat metió € 1,5 mil millones de APP militares dentro del balance del gobierno. Un presupuesto lleva el mismo programa en 96,6 mil millones en su capítulo de riesgos y 3.166,9 mil millones en su anexo. Un análisis de sostenibilidad de deuda estresa 14 % del PIB en pasivos contingentes con la línea de APP en 0,0. Y un tope de deuda se subió de 60 % a 80 % — y se incumplió en 88,5 %.
Se firma en un año y aterriza en las cuentas en otro. Este mes tres ministerios de hacienda publicaron esa brecha. Uno muestra una cuenta que es cero durante dos presupuestos y después 273 mil millones. Otro reporta que su stock de APP salta 41 % sin firmar nada. En el tercero la cuenta llegó — y el Estado recuperó menos de siete centavos por real.
Una regla fiscal ata lo que mide. En esta quincena cuatro documentos oficiales mostraron lo que escapa a la medida: el proyecto más grande de un país, fuera del informe de riesgos fiscales. Dos megaproyectos sacados del perímetro por votación del parlamento. Un stock de reclamaciones que se triplicó en cinco años y vive en un informe parlamentario. Y los nueve de cada diez países de ingreso bajo que no publican exposición alguna a APP.
Cuatro gobiernos acaban de hacer cuatro cosas distintas con el mismo activo — un flujo futuro de ingresos de usuarios. Uno lo vendió por adelantado. Otro lo subastó a la baja por diseño. Otro dejó por escrito que podría no llegar. En el cuarto ya no llegó, y 31 % del financiamiento aterrizó en el presupuesto.
Los gobiernos están ampliando el espacio que las APP pueden ocupar — un tope fiscal duplicado en un país, un Estado que financia 70 % de una asociación «privada» en otro — mientras el capital privado llega a un récord pos-COVID.
Cuatro países esta semana, un hilo: los marcos de infraestructura deciden en silencio quién se queda con el ingreso y quién carga con el riesgo — y el presupuesto no cuenta ninguno de los dos hasta que se gatilla.
En cuatro continentes esta quincena, el mismo patrón: el riesgo fiscal real no está en el balance que sale en el titular — está en los compromisos, garantías, sobrecostos y empresas públicas que el marco no ve.
Diecisiete papers de acceso abierto sobre los riesgos fiscales de las APP — la serie a la que apunta cada corrección del radar.
InvestigaciónThe Price of a PPP