Working papers, notas técnicas y marcos operacionales del equipo Austral — publicados para revisión por equipos de Ministerios de Hacienda, reguladores sectoriales, asesores de bancos multilaterales, prestamistas y académicos. Cada documento se publica con una implementación de referencia reproducible y con artefactos descargables, de modo que cada recomendación que produce sea totalmente trazable hasta sus insumos.
Cuatro casos vivos de financiamiento de infraestructura por semana, tomados de información pública — cada uno con una lección técnica y una corrección de gobernanza constructiva — unidos por un solo hilo fiscal. Último: Número 11 — Toda APP es una promesa de pago. La mayoría nunca llega al número de deuda.
A qué compromete una asociación público-privada a un gobierno — en firme y de forma contingente — y cómo los ministerios de hacienda lo valoran, lo acotan, lo contabilizan y lo divulgan. Mensual, el tercer jueves. Último: Noventa veces, y dos
La mayor parte del trabajo sobre riesgo fiscal enseña a los ministerios a poner precio a una garantía de APP. Pero cuando una regla fiscal cuenta el libro contingente contra un techo duro — como la ley peruana de 2025, al 12% del PIB — la restricción vinculante deja de ser el techo: es la regla usada para puntuar el libro de garantías contra él. A valor esperado el libro esconde su cola correlacionada; a la suma de máximos estrangula el pipeline; solo su expected shortfall de portafolio cuenta la diversificación. En un pipeline de nueve proyectos la regla de scoring por sí sola vale un proyecto entero de infraestructura adicional bajo el mismo techo, y el valor esperado subestima la cola real en US$8.900 millones. El trabajo construye la capa faltante: un optimizador reproducible que raciona un pipeline bajo el techo, lo corre en cada arquitectura de techo y recomienda dónde ubicar un techo bien puesto (~8–12% del PIB). Correlación anclada a la historia macro del Perú; todo el código publicado.
A los ministerios de Hacienda se les pide a menudo una garantía, un subsidio o una renuncia «para mejorar la bancabilidad» de una APP. Cuando el tamaño de la estructura es libre, ningún instrumento mejora la bancabilidad: los bancos dimensionan la deuda contra un covenant de cobertura y la estructura crece hasta que el covenant vuelve a morder. Lo que el instrumento compra es obra o, en una licitación de alcance fijo, un subsidio ofertado más bajo. En una carretera de peaje sintética con 2.000 trayectorias de tráfico, subir el ingreso mínimo garantizado del 85 % al 100 % lleva la obra de US$ 358 millones a US$ 385 millones con la cobertura clavada en 1,30×; desde cerca del 115 %, el banco presta contra la garantía y no contra el tráfico. Por eso cada instrumento tiene un precio en obra, y ese precio depende del estudio de tráfico con que se costee. Con el caso del ofertante, la garantía compra 3,7 dólares de obra por dólar de costo esperado; con el estudio del propio Estado, 0,68: menos que un subsidio. El optimismo no aumenta la cuenta del Estado: la esconde. El trabajo muestra además por qué el apalancamiento importa sobre todo a través del covenant, por qué un margen de cierre puede esconder un déficit de servicio de deuda en una de cada siete trayectorias, y cuándo renunciar a la coparticipación del Estado no compra nada y cuándo compra casi dos dólares de obra por dólar. Cada instrumento se costea con los números propios y se declara por lo que compra.
A las asociaciones público-privadas se les exigen estándares de sostenibilidad, género y medio ambiente que no se aplican al programa de inversión pública del que provienen. El trabajo pregunta por qué y encuentra que la asimetría no sigue al desempeño, sino a la contratabilidad: el estándar se aplica donde hay una contraparte a la que obligar, no donde el problema es mayor. Y recae sobre un canal pequeño: según la base de stock de capital del FMI, contrastada con la base PPI del Banco Mundial, la modalidad APP representa cerca del 3 % del gasto público de capital en los países que lo informan. Codificados por fuerza normativa, los manuales de evaluación de siete jurisdicciones no exigen el género en ninguna; el currículo de APP lo nombra noventa veces sin un procedimiento, un parámetro ni un umbral. Con la misma institución como autora, las guías de inversión pública del Banco Mundial y del FMI lo nombran dos veces en 526 páginas y no lo exigen en ninguna parte. La asimetría tiene autor; no es un rezago de capacidad nacional. La propuesta: un mismo estándar para todas las modalidades, donde solo cambia el momento de especificarlo, con el Green Book británico como modelo de trabajo.
La Iniciativa de APP Híbridas del Banco Mundial hace del fondo de brecha de viabilidad (VGF) el instrumento central de las finanzas de infraestructura combinadas — pero decide que corresponde un subsidio sin responder la única pregunta que enfrenta un Ministerio de Hacienda: ¿de qué tamaño? El trabajo sostiene que la brecha es un resultado, no un dato — buena parte de las aparentes brechas de financiamiento son problemas de asignación de riesgo mal diagnosticados y subsidiados — y que su tamaño es computable, no cuestión de criterio. En una concesión de US$620M el optimizador arroja un VGF requerido de 0%. La disciplina: minimizar antes de financiar, dimensionar el residuo, reconocer lo que queda. Companion de Sizing the Viability Gap Fund.
El ancla no está equivocada — está apuntada al número equivocado. Chile ancla su regla fiscal a un nivel prudente de deuda de 45% del PIB, medido solo sobre la deuda del Gobierno Central (41,5% a fines de 2025); al consolidar la deuda de las empresas públicas, los compromisos de APP y el stock de pasivos contingentes que el propio Estado publica, el pasivo aumentado llega a 57–61% del PIB. El trabajo reproduce el modelo de espacio fiscal del propio Ministerio de Hacienda desde el registro público y lo vuelve a correr sobre el perímetro consolidado — la probabilidad de incumplimiento sube de 8,5% a 13–16% — y muestra que la rebaja del impuesto corporativo de la recién ingresada Ley de Reconstrucción basta por sí sola para cruzar la medida estrecha sobre 45% hacia 2028. Y lo más contundente: vía Ley de Transparencia, ni DIPRES ni la Subsecretaría de Hacienda pueden mostrar el modelo que derivó el 45% — el número está escrito en la ley, pero ninguna parte del Estado puede exhibir de dónde salió, materia hoy ante el Consejo para la Transparencia. Totalmente reproducible; código y datos publicados.
Un marco para el planificador que cuantifica la máxima «asignar cada riesgo a la parte mejor capacitada para soportarlo —a un costo razonable»: la cuota de retención eficiente para cada riesgo, acotada por el techo de bancabilidad más allá del cual el sector privado no lo asume a ningún precio. El costo del capital es su precio y el Valor por Dinero su integral; primas por riesgo estimadas a partir de precios de mercado, en la Plataforma Austral.
La expresión «asignación de riesgos» no aparece en ninguna de las bases de licitación de las 133 concesiones de Chile, ni hay matriz de riesgos. La asignación está igual: reconstruida desde las cláusulas operativas, da titular, mecanismo y cita para 618 de 665 celdas contrato × riesgo (93 %), escrita en una mediana de 53 cláusulas distintas por contrato, y el 79 % de esas celdas comparte el riesgo entre las partes. La moneda es la excepción que lo explica: solo diez contratos pactaron alguna vez una cláusula de moneda, ocho de ellos un mecanismo de cobertura cambiaria de una misma cohorte (2000–2003), al que las concesionarias que lo tenían renunciaron cuando pudieron refinanciarse en UF. Complemento de The Optimal Risk-Retention Frontier: mide la magnitud que ese paper optimiza.
Un marco para el planificador sobre el reconocimiento estadístico y contable de los pasivos de las APP: por qué son «silenciosos», dónde discrepan los libros de reglas (ESA 2010, IPSAS 32, GFSM 2014) y la brecha de reconocimiento entre el tratamiento bajo la regla fiscal y la cola económica que el soberano efectivamente soporta. Implementado en la Plataforma Austral; anclado en la brecha del PFI británico y en las divulgaciones de pasivos contingentes de Chile.
Un marco para el planificador sobre el valor en riesgo correlacionado de toda la cartera de garantías del Ministerio de Hacienda —la capa macroprudencial que le falta a la gestión de pasivos contingentes—, descompuesto hasta el proyecto y el factor de riesgo que dominan la cola. Implementado en la Plataforma Austral; el mensaje central es que la correlación, no el número de proyectos, impulsa el riesgo de cartera: un programa pequeño y concentrado puede ser mucho más riesgoso que uno mayor y bien diversificado.
Un marco para el planificador sobre las tres jugadas cuando llega una demanda de renegociación de una APP —aceptar, contrarrestar o terminar—: cómo tasar cada una en un único eje de costo fiscal, con el valor de opción de una amenaza creíble de terminación. Implementado en la Plataforma Austral y anclado en el panel de concesiones de Chile, donde el 63% de las concesiones fueron renegociadas.
Un marco para el planificador sobre el pasivo contingente oculto en toda tarifa indexada: cómo tasar el techo de asequibilidad más allá del cual una cláusula de inflación, tipo de cambio o demanda se vuelve una factura pública. El enunciado general del que The Silent FX Liability es el caso especial (techo cero); implementado en la Plataforma Austral, anclado en el congelamiento tarifario eléctrico de Chile.
Un marco para el planificador: cómo tasar y asignar el descalce de monedas en contratos de APP e IPP —retener, cubrir, garantizar o trasladarlo al patrocinador— implementado en la Plataforma Austral, con análisis post-mortem de seis crisis de devaluación.
Un instrumento de tamizaje estructural desplegable para la compuerta de aprobación fiscal del Ministerio de Hacienda, demostrado — y sometido a una prueba que arroja un resultado nulo — sobre paneles de concesiones de Chile y Brasil, implementado en la Plataforma Austral.
Un recorrido práctico de extremo a extremo por la plataforma Austral — ejecutando cada evaluación que la Guía de Referencia de APP del Banco Mundial recomienda a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, con la salida numérica en vivo de la plataforma.
Una re-partición de la responsabilidad analítica en la gobernanza de APP, con evidencia empírica de 50 países y 12 documentos doctrinarios canónicos, implementada en la Plataforma Austral.
Un marco cuantitativo de decisión para garantías de MIGA, IBRD, IDA, BMD regionales, DFI bilaterales y ECA sobre proyectos de infraestructura, implementado en la Plataforma Austral.
Todo gobierno con un programa de APP enfrenta una pregunta por sobre las demás: ¿cuánto más podemos comprometer? Responderla exige dos proyecciones juntas — cuál será el presupuesto del sector y cuánto de él ya está tomado por contratos firmados. La diferencia es la envolvente de asequibilidad, y casi nadie la publica. Chile es el caso que zanja si los gobiernos la construyen puertas adentro: sí la construye. El instrumento va de 1995 a 2050 en unidades indexadas y trae las dos mitades en un solo lugar — y no es público. El autor lo solicitó por transparencia y le fue denegado, bajo la excepción de secreto comercial, porque el archivo vivo incorpora estimaciones de modificaciones contractuales en negociación. Esa razón es buena, y el paper lo dice. El aporte está en separar la fila legítimamente reservada del resto: la senda de pagos de los contratos firmados son decretos supremos publicados, y el presupuesto del ministerio es ley publicada. Ninguno tiene excepción. Simplemente nunca se reportaron, porque el instrumento se construyó como modelo de gestión y nadie diseñó encima el producto de divulgación. Escrito sin usar la copia de trabajo de 2022: el argumento corre sobre arquitectura y un país sintético, donde la misma cartera firmada da una holgura 2055 de 111 o de 297 — 2,7 veces — solo por el supuesto de techo.
Este trabajo se propuso medir el acantilado de mantención y no pudo: en Chile, el programa de concesiones continuo más largo del mundo en desarrollo, no existe una serie de gasto en conservación por contrato — un resultado nulo que aquí se reporta en vez de omitirse. Lo que sí muestra el registro es más consecuente. Según el artículo 25 de la Ley de Concesiones, al terminar el plazo las obras “serán nuevamente entregadas en concesión”, sin que medie solución de continuidad; la reversión al Estado es la excepción y exige decreto fundado del Presidente. El activo no vuelve: por ley, no está previsto que vuelva. En 18 activos concesionados más de una vez — 41 generaciones de contrato, 3.687 documentos — catorce de diecisiete transiciones alargan el plazo y todos los presupuestos observados suben, con una mediana de 3,25 veces. Nada de esto mide deterioro, y el paper es enfático: el alza se descompone en ampliación de capacidad, estándares de seguridad inexistentes en la primera licitación, inflación real de costos de construcción de solo 8,2% en 9,25 años según el propio índice del Ministerio, y exigencias ambientales y de consulta posteriores a la adjudicación. Se siguen dos consecuencias. La contabilidad fiscal está equivocada por derecho, no por práctica — PFRAM, IPSAS 32 y ESA 2010 tratan el plazo de la concesión como la vida del acuerdo, mientras la ley chilena hace de la renovación la regla. Y la holgura que una envolvente de asequibilidad muestra abrirse cuando vencen los contratos está comprometida por ley, no es espacio discrecional.
Todo paper cuantitativo de esta serie termina en el mismo enigma: el pasivo es real, la valoración es abordable — y casi ningún gobierno lo valoriza. En la mitad de las evaluaciones de transparencia fiscal del FMI hasta la fecha, la divulgación de APP se califica «No Cumplido», la calificación más baja que otorga el Código. La explicación estándar es de capacidad. Este trabajo sostiene que la mejor explicación es de incentivos: el silencio es útil. Cuando una regla fiscal se ata a un agregado medido, cualquier forma contractual cuyas obligaciones escapen a esa medida permite a un gobierno comprar infraestructura visible hoy y contabilizar el costo después, de forma invisible. El argumento no es heterodoxo — es la postura declarada del propio sector oficial, citada extensamente del FMI, el Tribunal de Cuentas Europeo y Eurostat, y confirmada conductualmente cada vez que se movió el límite de reconocimiento: la abolición de la PFI en el Reino Unido, la consolidación forzada de Portugal, la agencia fuera de presupuesto de Italia, y un segmento de mercado de pago gubernamental que cayó de más del 80% de los contratos europeos a un piso de 30% a medida que se endurecían las reglas estadísticas — una caída que se sostiene incluso excluyendo al Reino Unido. También corrimos el panel obvio entre países, con 72 economías, y lo reportamos tal cual es: un resultado nulo, pre-registrado como tal antes de reunir los datos. Las reformas que muerden son las que quitan la utilidad al silencio — paridad de reconocimiento, divulgación del stock completo de compromisos, y anclas fiscales escritas sobre un perímetro del que ninguna forma contractual escapa. Companion de economía política de The Recognition Rule.
Una familia de soporte a la decisión para el subsidio público mínimo que necesita una APP — dimensionamiento mono-objetivo, frontera de Pareto multi-objetivo, optimización robusta bajo estrés y búsqueda continua sobre la asignación de riesgos.
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