Cero, cero y después 273 mil millones de pesos.
Los Criterios Generales de Política Económica 2027, publicados el 8 de septiembre, traen la primera aparición presupuestaria de la nueva ley de infraestructura estratégica. Una inversión de terceros de 188,9 mil millones de pesos fluye entre 2027 y 2030. Los pagos diferidos que la financian están calendarizados: 0,0 en 2027 · 0,0 en 2028 · 134,7 en 2029 · 138,8 en 2030 — y nada después.
Hay que reconocerlo: esto se ve porque México publicó la tabla. La línea de requerimientos financieros del sector público también lo lleva, en 0,3 % del PIB en 2029 y 2030 y cero en todos los demás años. El activo llega años antes que el costo, y ambos están en el mismo documento.
El stock de APP subió 41 % sin un solo contrato nuevo.
El Marco Macroeconómico Multianual 2027–2030 reporta el valor presente de los compromisos netos de APP en 4,22 % del PIB a fines de 2025, contra 3,00 % un año antes. El documento dice por qué: el aumento «se explica por la inclusión de las proyecciones» de tres contratos con nombre — una vía férrea, un tramo de carretera y una planta de tratamiento de aguas. Los tres ya estaban firmados. La proyección los alcanzó.
Y este es el caso que va bien. El tope legal es 12 % del PIB, medido neto de los ingresos que recaudan los proyectos. El ministerio también publica qué pasa si esos ingresos no llegan: 12,38 % del PIB — por encima de su propio tope. Casi nadie publica esa segunda cifra.
Pagó 89,6 mil millones. Recuperó 6,8 centavos por real.
El informe mensual de garantías del Tesoro Nacional: desde 2016 la Unión ha pagado R$ 89,58 mil millones honrando garantías sobre crédito de estados y municipios, y ha recuperado R$ 6,06 mil millones. El propio Tesoro explica la brecha — cerca de R$ 79,78 mil millones los debían estados acogidos al régimen de recuperación fiscal, que suspende la ejecución de las contragarantías.
Son garantías de crédito a gobiernos subnacionales, no garantías de APP — y precisamente por eso importan aquí. Es la misma promesa que hace toda contragarantía: el Estado paga ahora y recupera después. Aquí la tasa de recuperación está publicada, y es inferior al siete por ciento.
El pasivo no llega como gasto. Llega como sorpresa de deuda.
Un paper departamental del FMI publicado ayer estudia las reglas fiscales de América Latina y el Caribe. Los países que adoptaron una regla de balance presupuestario vieron caer las sorpresas de deuda en cerca de 5 % del PIB — el error absoluto de pronóstico sobre la deuda. Su nota al pie nombra el canal: las sorpresas en los ajustes stock-flujo, «a menudo asociadas a operaciones bajo la línea como la materialización de pasivos contingentes… son con frecuencia tan grandes y volátiles como las propias sorpresas de deuda».
Lea las tres páginas anteriores contra esa frase. Un pago fechado para 2029, un stock que se mueve cuando la proyección se actualiza, una garantía honrada y no recuperada: ninguno pasa por el déficit al entrar.
El contrato se firma una vez. La cifra llega en cuotas.
Fechado hacia adelante en México, revisado al alza en Perú cuando la proyección lo alcanzó, ya pagado y no recuperado en Brasil. Tres ministerios, tres rezagos distintos — y ninguno es una cláusula del contrato. Todos son decisiones sobre cuándo medir:
Tres ministerios de hacienda publicaron el rezago este mes. Esa es la buena noticia: ninguna de estas cifras salió de una filtración.