El riesgo se transfirió. La garantía se paga todos los años.
Türkiye ha firmado 277 APP desde 1996, por un valor contractual de 6,7 % del PIB. Sus riesgos y beneficios, anota la actualización de transparencia fiscal del FMI, se transfieren a sociedades de proyecto fuera del gobierno. Salvo uno: las garantías de ingreso mínimo, que «se ejecutan con frecuencia, en particular en el sector transporte».
No hay tope a la exposición total en APP. No se publican los pagos anuales durante la vida de los contratos, y la exposición por garantías no se informa por sector ni por proyecto. El FMI califica la divulgación de las APP como «básica, sin cambios desde 2015».
2.900 millones de euros en reclamos que el presupuesto no valora. Uno ya es una cuenta.
La oficina presupuestaria del parlamento portugués cuenta 2.869 millones de euros en pasivos contingentes de APP a fines de 2025: reclamos de reequilibrio, compensación e indemnización de los socios privados. Es el máximo desde que empezó la serie (891 millones en 2020). El consejo fiscal anota que el presupuesto de 2027 no incorpora el desenlace de las negociaciones en curso.
La oficina es cuidadosa: son pretensiones, no cargos reconocidos. Pero su concreción, «total o parcial, gravaría el saldo presupuestario de años futuros». Una ya lo hizo.
Ponga tope a las garantías antes de firmar la primera APP.
Somalia deja atrás el alivio de deuda y empieza a financiar infraestructura «mediante deuda y garantías». En el mediano plazo planea emitir garantías o firmar APP para mejorar infraestructura clave. Antes de firmar ninguna, su presupuesto de 2026 fija un límite.
El Public Finance Review del Banco Mundial explica por qué: estas garantías y APP «podrían generar costos fiscales significativos si los ingresos o la demanda no alcanzan y se ejecuta la garantía».
El parlamento vota los pagos antes de que se firme la carretera.
El 26 de octubre el gobierno checo aprobó la APP de la autopista D35: dos tramos nuevos que un consorcio privado construye, financia, opera y mantiene. El Estado empieza a pagar por disponibilidad solo cuando todos los tramos nuevos están abiertos, y paga menos si la autopista no cumple el contrato.
Según la ley de caminos, la Cámara debe dar su consentimiento a «los datos que expresan las obligaciones financieras del Estado con el concesionario» antes de que se firme el contrato. El compromiso es firme, y se cuenta donde se decide.
Una garantía del gobierno triplica el riesgo de dificultades del contrato.
La garantía suele ser lo que permite firmar una APP. Un estudio de un economista del FMI sobre contratos de APP en economías en desarrollo encuentra que también predice el problema: cuando el gobierno otorga una garantía, el riesgo instantáneo de dificultades contractuales (disputas, renegociación, cancelación) «aumenta en un factor de 3».
El working paper anterior del FMI, sobre unos 6.000 contratos en 113 economías emergentes y en desarrollo (1984–2015), apuntaba en la misma dirección. El riesgo es «más pronunciado en los países en desarrollo del quintil inferior de capacidad de gestión de la inversión pública».
Un pasivo contingente es un pago al que nadie le puso fecha. Póngasela.
Türkiye paga sus garantías de ingresos todos los años. Los reclamos de Portugal se volvieron sentencia. Somalia puso tope a sus garantías antes del primer contrato; Chequia somete los pagos a votación antes de la firma. Y en las economías en desarrollo, la garantía es la cláusula que predice las dificultades. Los pasivos contingentes llegan. Lo único que se elige es si el presupuesto los esperaba.
¿Cuáles de sus garantías ya se están pagando?